La docente participó como invitada especial en la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género del Senado, refiriéndose al pago de las pensiones alimenticias.

La profesora titular de la Facultad de Derecho UC y miembro del Centro UC de la familia, Carmen Domínguez Hidalgo, participó el pasado 29 de junio en la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género del Senado. La sesión buscó continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (Boletín N° 14077-18).

A esta sesión también fueron invitadas la profesora de Derecho de la Universidad de Los Andes, María Sara Rodríguez, la Jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, Mónica Jeldres y la Presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, Angie Olguín.

La profesora Carmen Domínguez se refirió a que los políticos del país deben tomar conciencia del drama moral que hay detrás de la realidad de las pensiones alimenticias: “Hay una urgencia de reformar este régimen de cumplimiento. Es imposible entrar a este tema sin aludir al trasfondo cultural. Se está intentando hacer lo mínimo que es mejorar el sistema desde un punto de vista jurídico. Es indudable que la reforma jurídica no es suficiente si no va acompañada de extensas políticas públicas, promociones e incentivos a la corresponsabilidad parental”.

La profesora afirmó que el 80% de las pensiones alimenticias adeudadas son de padres, por lo tanto pone en evidencia esta dramática realidad de nuestro país que es invisibilizada. “Actualmente, el patrón cultural se ve incentivado porque la deuda alimenticia en nuestro sistema crediticio es la deuda más irrelevante para cumplir de un deudor, es simplemente una deuda que carece de preferencia”, agregó.

Asimismo comentó: “En estos tiempos que la protección a los niños está entredicho, es obligatorio que hagamos una revisión de este crédito para que tenga una cobertura respetuosa de los derechos fundamentales del alimentario, con consideración a que debe ser de origen legal, ya que el alimentario no tiene ningún poder de negociación respecto de la deuda que existe en su favor”.

Manifestó también que es importante que la deuda alimenticia tenga el privilegio en primera clase y debe ser situada en un lugar preferente del Artículo 2472. Igualmente anunció que es necesario propiciar bajos ajustes a la Ley 20.720, que en el proyecto no se ven planteados.

Además, la profesora Domínguez se refirió a que el  Registro Público de deudas alimenticias puede calibrar los riesgos que puede implicar la aceptación de propuestas dentro del procedimiento concursal. Por otra parte, planteó otros vacíos que tiene actualmente la Ley, como la insuficiencia de sanciones e interpretaciones judiciales que han dado lugar a que las reglas no sean claras.

Finalmente, el proyecto aludido fue aprobado en general por la unanimidad de las integrantes de la Comisión Especial: las senadoras María Loreto Carvajal en reemplazo a Yasna Provoste, Adriana Muñoz, Marcela Sabat, Ena Von Baer y la presidenta de la Comisión, Isabel Allende. Posteriormente se solicitó en sala para la discusión inmediata, lo que ocurrirá en las sesiones del lunes 5 y martes 6 de julio.

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