Eduardo Valenzuela, director del Instituto de Sociología UC, dio a conocer los principales alcances de su estudio “Familia y Bienestar” frente a una audiencia de más de cuatrocientas personas en un encuentro organizado por el Centro de Políticas Públicas UC.

El Seminario, que tuvo lugar en el Salón Fresno del Centro de Extensión UC, fue inaugurado por el Rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez y por la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) Carolina Schmidt. Ambos subrayaron la importancia de generar políticas públicas en torno al cuidado de la familia.

El estudio, en el que también participaron Soledad Herrera y Viviana Salinas, tomó datos de la Encuesta Casen y la Prueba SIMCE 2009, como la Encuesta CONACE 2001-2009.

Durante su exposición Valenzuela destacó la importancia de insistir en políticas que favorezcan a las familias más vulnerables, resaltando que “aquellas familias donde la pareja está casada mejoran las opciones de bienestar y se aumenta la disposición hacia el trabajo, generando así una mayor responsabilidad tanto del orden de sus vidas como de sus finanzas”. A su vez aclaró que dentro de este contexto la convivencia de una pareja estable produce efectos similares. 

El estudio además repasa importantes situaciones como el caso de las familias numerosas, en situación de divorcio y el impacto de este entorno en los hijos. “La ausencia prolongada del padre eleva la probabilidad de involucrarse en comportamientos de riesgo y produce trastornos de desarrollo”, comentó al respecto Valenzuela. 

Los resultados de este trabajo fueron comentados por Rosita Camhi, investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo; Eugenio Tironi, investigador de CIEPLAN; y Osvaldo Larrañaga investigador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien además de señalar importantes precisiones sobre las dificultades metodológicas que se desprenden de estudios de esta índole, valoró el trabajo realizado como un avance en la definición de políticas al respecto. 

La investigadora Rosita Camhi precisó que en la elaboración de políticas públicas en esta materia entran en juego una serie de percepciones culturales lo que complejiza el escenario, poniendo como ejemplo que un 64% cree que la familia se debilita si la mujer trabaja tiempo completo, según datos estimados a partir de la información de las encuestas CASEN y Bicentenario UC-Adimark.

Por otro lado, Eugenio Tironi afirmó que “el gran logro de este trabajo es que ilumina el debate con evidencia empírica”. Además planteó que de esta discusión se desprende una más importante: el rol debe jugar el Estado en esta materia, tema abordado en el segundo panel de este Seminario.

En la segunda etapa de la jornada participaron Carmen Domínguez, directora del Centro UC de la Familia -que también apoyó la realización del encuentro-, Irma Arriagada, consultora de Naciones Unidas e investigadora visitante del Centro de Estudios de la Mujer (CEM), e Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC. En un formato de conversación, los panelistas reflexionaron sobre el alcance de las políticas públicas y sobre cuáles son las trabas o dificultades mayores para disponer de una política de familia en Chile.

Para la abogada Carmen Domínguez el rol del Estado debiese estar centrado en entregar asistencia, pues si bien la regulación jurídica de la familia ha evolucionado en los últimos años, se hace necesario “estar presente en una etapa previa para evitar llegar a Tribunales", instancia que a juicio de la académica, termina socavando las relaciones familiares. 

Desde otra perspectiva, Irma Arriagada, autora del libro “Políticas públicas en América Latina: una historia de desencuentros”, enfatizó que el rol del Estado se debe circunscribir a estar atento a los cambios estructurales de la familia y generar los marcos legales que respondan a las nuevas condiciones. “La familia ha evolucionado, de igual forma debe actualizarse la normativa”, aclaró.

Por su parte, Ignacio Irrarrázaval enfatizó que el sistema actual desalienta la estabilidad conyugal, por lo que el rol del Estado debiese estar enfocado en generar mecanismos y ofertas que vayan en la dirección contraria, es decir, fortaleciendo la unión conyugal a través de políticas como las propuestas por el gobierno anterior con las pensiones básicas solidarias y subsidios en esta materia.

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Publicado el 18 de mayo en politicaspublicas.uc.cl