Autores: Carolina Salinas, directora del Centro y la investigadora, Nicole Elizondo.

Durante las últimas décadas, Singapur ha convertido la baja natalidad en una prioridad de política pública. Lo que comenzó en 2001 como una estrategia centrada en incentivar los nacimientos mediante beneficios económicos se fue ampliando hacia un modelo más extenso de apoyo a la formación y crianza de las familias. Esta evolución resulta relevante para el debate chileno porque muestra el tránsito desde políticas focalizadas en el momento del nacimiento hacia una arquitectura de apoyo que incorpora progresivamente los costos económicos, temporales y organizacionales asociados a la crianza. 

La reforma anunciada el 23 de agosto de 2026 representa un nuevo hito en esta trayectoria. El Baby Bonus Scheme (2001) y el Large Families Scheme (2025) fueron integrados en un esquema de apoyo de mayor duración, con transferencias distribuidas a lo largo de los primeros 17 años de vida del hijo (National Population and Talent Division [NPTD], 2026). El cambio no supone únicamente un aumento del apoyo estatal, sino una modificación de su temporalidad: la política deja de concentrar una parte sustantiva de sus beneficios en los primeros años y busca acompañar a las familias durante un período más extenso del proceso de crianza. 

El paquete entrega hasta 62.000 dólares singapurenses por cada niño, equivalentes aproximadamente a US$48.800. Si se consideran además beneficios preexistentes asociados a salud y educación, el apoyo acumulado puede alcanzar aproximadamente 70.000 dólares singapurenses, equivalentes a unos US$55.100 (NPTD, 2026). Sin embargo, la principal innovación del nuevo diseño no reside exclusivamente en el monto agregado, sino en la forma en que los recursos se distribuyen a través del ciclo de vida del niño. 

 

Componente	Monto (SGD)	Equiv. (USD)	Diseño e instrumentación
Baby Gift	10.000	~US$7.874	Transferencia directa en efectivo, distribuida en dos cuotas durante los primeros 12 meses de vida.
Child Credits	32.000	~US$25.197	Asignaciones anuales de 2.000 SGD entre el 1.° y el 16.° año de vida del menor.
CDA First Step Grant	5.000	~US$3.937	Depósito estatal inicial en la Child DevelopmentAccount (CDA).
Cofinanciamiento CDA	Hasta 5.000	hasta ~US$3.937	Aporte estatal proporcional para igualar el ahorro familiar. La cuenta se extiende de los 12 a los 16 años.
Aporte a la PSEA	10.000	~US$7.874	Fondo abonado el año en que el joven cumple 17 años, destinado a educación superior.
TOTAL	62.000	~US$48.819	Suma aproximada de ~70.000 SGD (~US$55.125) considerando aportes preexistentes de MediSave y Edusave.

Fuente: elaboración propia sobre la base de NPTD (2026)

El paquete se acompaña de tres medidas complementarias: la unificación de los permisos por cuidado infantil en un esquema de 8, 10 o 12 días anuales por progenitor, según el número de hijos menores de doce años; la reducción progresiva de las tarifas mensuales de cuidado infantil a un rango de entre 150 y 300 dólares singapurenses, previa evaluación de medios, con implementación desde 2028 y metas para 2030; y una oportunidad adicional de sorteo habitacional por cada hijo menor de dieciocho años a partir de febrero de 2027 (NPTD, 2026). 

Lo esencial es que el costo de la parentalidad no se agota en el nacimiento ni en los primeros años de vida, sino que se acumula durante una trayectoria prolongada en la que convergen gastos de cuidado, educación, vivienda, salud y pérdida o reorganización del tiempo disponible. 

La construcción de la política familiar singapurense (2001-2026)

El Baby Bonus Scheme, introducido en 2001, combinó una transferencia en efectivo desembolsada entre el nacimiento y los seis años y medio con la Child Development Account, cuenta de ahorro en la que el Estado aportaba un monto inicial y cofinanciaba los depósitos familiares. Ambos componentes estaban escalonados por orden de nacimiento: los hijos de tercer orden y siguientes recibían transferencias mayores, y los topes de cofinanciamiento crecían de 4.000 dólares singapurenses para el primer hijo hasta 15.000 a partir del quinto (NPTD, 2026). 

La evolución posterior muestra que la política familiar singapurense no se ha limitado a incrementar las transferencias monetarias. El Estado fue incorporando progresivamente instrumentos destinados a intervenir sobre distintas restricciones que inciden en las decisiones de formación familiar, particularmente vivienda, cuidado infantil, permisos parentales y conciliación entre empleo y familia. La institucionalidad de coordinación, en cambio, fue posterior: la National Population and Talent Division se estableció en enero de 2011 bajo la Oficina del Primer Ministro, e ingresó al Strategy Group en agosto de 2016.  

El régimen se amplió sucesivamente hacia la vivienda pública, mediante esquemas de prioridad en la asignación de departamentos; hacia el cuidado infantil, mediante una red de centros con apoyo estatal y subsidios sujetos a evaluación de medios; y hacia las licencias parentales. La Child Development Co-Savings (Amendment) Act, aprobada en noviembre de 2024, estableció cuatro semanas de licencia de paternidad y amplió progresivamente el régimen de licencia parental compartida, alcanzando diez semanas para los hijos nacidos desde abril de 2026. En conjunto, los progenitores pueden disponer de treinta semanas de permiso remunerado durante el primer año de vida del hijo (NPTD, 2026).

Implicancias para Chile

La comparación con Chile debe realizarse con cautela. Singapur posee una estructura institucional, demográfica, económica y habitacional diferente, por lo que sus instrumentos no son directamente transferibles. Sin embargo, su trayectoria permite identificar algunas dimensiones relevantes para el diseño de una política de apoyo a la parentalidad. 

Singapur construyó durante veinticinco años un sistema progresivamente coordinado. Chile, en cambio, ha desarrollado un conjunto amplio de instrumentos sectoriales —asignaciones familiares, subsidios, licencias parentales, políticas de primera infancia, servicios de cuidado y medidas de conciliación— que han respondido a objetivos específicos y han sido implementados por distintas instituciones. La creación del Plan Chile Renace representa un avance hacia una mayor articulación de estas políticas. 

La primera lección es, por tanto, institucional: una política de natalidad difícilmente puede descansar en un único beneficio monetario. La experiencia singapurense sugiere la conveniencia de articular políticas de transferencia de ingresos, vivienda, cuidado infantil, permisos parentales y conciliación laboral bajo una estrategia común, con objetivos e indicadores susceptibles de evaluación conjunta. 

La segunda lección se relaciona con la temporalidad del apoyo. Mientras buena parte de las políticas familiares se concentra en el nacimiento y la primera infancia, el nuevo esquema singapurense distribuye parte importante de los beneficios durante la infancia y adolescencia. Para Chile, ello plantea la necesidad de considerar la crianza como una trayectoria prolongada y de evaluar si la estructura actual de beneficios acompaña adecuadamente los distintos momentos del ciclo familiar. 

La tercera lección corresponde a la corresponsabilidad. La política familiar no solo determina cuánto apoyo reciben las familias, sino también cómo se distribuyen entre hombres y mujeres las oportunidades y obligaciones asociadas al cuidado. La experiencia singapurense muestra la relevancia de combinar transferencias con derechos parentales específicos y mecanismos que permitan a los padres disponer efectivamente de tiempo para el cuidado.  

Una cuarta lección se refiere a la población objetivo. El diseño de Singapur no se limita a quienes están considerando tener un hijo, sino que también incorpora medidas dirigidas a familias que ya ejercen la parentalidad. Esta orientación permite introducir una dimensión menos explorada en las políticas de fecundidad: las condiciones en que las personas experimentan cotidianamente la crianza pueden influir en la percepción de sus costos y beneficios y, eventualmente, en sus decisiones reproductivas posteriores. 

Finalmente, la experiencia de Singapur permite desplazar la discusión desde la pregunta por cuánto se incentiva el nacimiento hacia una pregunta más amplia: qué condiciones institucionales permiten que las personas puedan formar y sostener una familia en coherencia con sus decisiones reproductivas. 

Sin embargo, como ocurre con las políticas públicas orientadas a incidir sobre fenómenos demográficos complejos, un mayor nivel de gasto o la ampliación de las transferencias monetarias no permiten, por sí mismos, anticipar un aumento de la fecundidad. Las decisiones reproductivas responden a la interacción de factores económicos, laborales, culturales, familiares e institucionales, cuyo peso relativo resulta difícil de aislar empíricamente. En consecuencia, el interés del caso de Singapur no reside en presentarlo como un modelo causal de recuperación de la natalidad, sino en analizar la manera en que el Estado ha construido y ampliado progresivamente una arquitectura de apoyo a la formación y crianza de las familias.