El pasado martes, la directora del Centro, profesora Carolina Salinas, expuso ante la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad sobre un proyecto de ley sobre representación de personas mayores. En la sesión participaron también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; la directora de SENAMA, Karen Caiceo.

El proyecto de ley propone modificar el Código Civil para permitir que cualquier persona pueda concurrir en favor de la persona mayor o anciana con el fin de hacer efectivos derechos en el ámbito familiar, cuando esta no se encuentre en condiciones de ejercerla.

Esta modificación surge ante la constatación de que, si bien el Código Civil establece el deber de los hijos u otros ascendientes de cuidar a los padres en su ancianidad, a la época de presentación del proyecto (2018) no existía un mecanismo que permita a terceros accionar en representación de las personas mayores, ni una institucionalidad pública que les brinde asesoría para hacer efectivos estos derechos. En este contexto, el proyecto considera relevante considerar la actual institucionalidad luego de la promulgación de las Ley Integral 21.822 de personas mayores y promoción del envejecimiento digno, activo y saludable, y la Ley 21.780 que creó el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas.

Durante su intervención Salinas explicó que, en todo caso, el proyecto visibiliza un problema mayor y de resolución pendiente: el estatuto de la capacidad y la protección de los incapaces en el Código Civil. Explicó que Chile tiene un modelo binario que clasifica a las personas como plenamente capaces o absolutamente incapaces, lo que responde a un enfoque paternalista en el que el adulto mayor es tratado como objeto de protección, sin atender suficientemente a su autonomía. En la práctica, esto puede derivar en que terceros adopten decisiones sin contar con el consentimiento del propio afectado.

Frente a ello, la directora propuso avanzar hacia un modelo de acompañamiento, centrado en la persona como sujeto de derechos. Este enfoque contempla una asistencia graduada, en la que el tercero no sustituye la voluntad, sino que coadyuva a su manifestación y facilita su expresión. “La asistencia debe ser gradual, acompañando a la persona a medida que puede ir perdiendo capacidades. No hablamos de una persona incapaz, sino de alguien que puede enfrentar dificultades físicas o intelectuales para expresar sus preferencias. La incapacidad es un término que deberíamos abandonar”, señaló.

Durante su intervención, Carolina Salinas valoró, en todo caso, como una fortaleza del proyecto, eliminar las barreras que supone la imposibilidad de autoejercer la acción, así como su potencial para complementar la labor de SENAMA y de los tribunales de familia. No obstante, también advirtió ciertas tensiones, como la ausencia de filtros para determinar quiénes pueden accionar, lo que podría abrir la puerta a demandas abusivas o motivadas por intereses cruzados. Asimismo, señaló que el proyecto no exige acreditar el consentimiento de la persona mayor, lo que podría implicar un retorno a lógicas paternalistas, ni define con claridad los mecanismos de coordinación con SENAMA.

En esta misma línea, presentó experiencias comparadas que incorporan resguardos procesales para evitar abusos, como la existencia de terceros habilitados, organizaciones acreditadas, en lugar de permitir la intervención de cualquier persona. Asimismo, estos modelos contemplan instancias de conciliación que buscan preservar los vínculos familiares y la intervención de tribunales o comisionados especializados.

Finalmente, Carolina Salinas subrayó la importancia de transitar desde un modelo rígido hacia uno que no sustituya la voluntad de la persona, sino que la apoye y acompañe progresivamente, resguardando su autonomía incluso en contextos de fragilidad.

Puedes revisar la sesión completa aquí: https://youtu.be/gMD57P6zeI0?si=lii6VoOBvO5iFAfH