Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha revelado que 242 de las 345 municipalidades del país habrían incumplido la Ley N° 21.389 (vigente desde el 2022), otorgando o renovando licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Según el análisis, un total de 2.876 personas en esta condición recibieron o renovaron su licencia, a pesar de que la normativa exige que los municipios rechacen estas solicitudes.

El informe destaca que 22 municipios concentran el 51% de las licencias entregadas a deudores de pensiones, con comunas como Antofagasta, La Granja, Lo Espejo y La Serena liderando la lista. Además, se identificó que 65 funcionarios municipales y un concejal renovaron su licencia en la misma municipalidad en la que trabajan, pese a estar inscritos en el registro. Otro dato preocupante es que 482 deudores están relacionados con funcionarios municipales, incluyendo alcaldes y directivos, quienes habrían facilitado la obtención irregular de estos documentos.

La profesora Carmen Domínguez, profesora titular de Derecho UC y miembro del Comité Ejecutivo del Centro UC de la Familia, ha expresado su preocupación ante el reciente informe de la Contraloría General de la República. Domínguez calificó estas cifras como "escandalosas" y enfatizó la necesidad de aplicar las sanciones establecidas en la ley para evitar que esto se convierta en "letra muerta". 

"Yo creo que la noticia que apareció en el diario El Mercurio es realmente desmotivadora y, de alguna manera, impactante. Por una parte, porque es una más de la crisis moral que estamos viviendo. Cuando uno ve que, en realidad, primero las municipalidades —en este caso, los funcionarios de cada municipalidad que están a cargo de otorgar las licencias de conducir— desconocen o infringen una ley que fue ampliamente difundida y que, obviamente, ellos están obligados a conocer, resulta preocupante. Además, hay que precisar que este informe de Contraloría —a quien debemos agradecer porque, si Contraloría no hubiera realizado esta investigación, por supuesto, habría quedado plenamente oculta— revela que no solo se trata de que se hayan entregado licencias de conducir a alimentantes que están en el Registro Nacional de Deudores. De acuerdo con la ley, la primera obligación que tiene la unidad encargada de otorgar la licencia de conducir es verificar en el Registro si el solicitante está o no registrado y, en caso de estar registrado, debe denegarle la solicitud. Esa es una falta gravísima" , señaló la profesora Domínguez.

El informe también revela que funcionarios de las propias municipalidades que están inscritos en el Registro Nacional de Deudores han obtenido licencias de conducir. "Es decir, además tenemos funcionarios públicos que están infringiendo dolosamente la ley, con la intención, obviamente, de aprovecharse de la posición que tienen para eludir el cumplimiento de la ley" , agregó.

La profesora subrayó la importancia de que los alcaldes inicien sumarios para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria y sugirió que la Contraloría debería actuar de oficio contra los ediles involucrados. Además, destacó que este incumplimiento afecta a más de 4.700 niños, niñas y adolescentes, vulnerando sus derechos fundamentales.

"Esto es una manifestación más de la crisis moral que percibimos hoy en muchos aspectos de la conducta del chileno: de los funcionarios públicos, de políticos, de abogados y en distintos ámbitos de la realidad nacional" , advirtió la profesora Domínguez.

Asimismo, Domínguez destacó que este hecho refleja el profundo problema estructural en materia de pensión alimentaria en el país. "Obviamente, se ha hecho todo un esfuerzo a raíz de la alerta que en el año 2020 se produjo en la opinión pública a través de las informaciones que se difundieron sobre el hecho de que el 84% de los alimentantes está en deuda con la pensión alimenticia. Esto llevó a una rápida discusión de unas leyes que fueron aprobadas con bastante celeridad, vista la gravedad de la situación y con el acuerdo del Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de la academia. Fue un ejemplo excepcional de reacción frente a un drama que es bastante generalizado en Chile", explicó la profesora.

Sin embargo, la profesora se enfatizó que para que esta ley tenga efectos reales se requiere de un esfuerzo integral y de un cambio cultural. "Pese a la alerta, al final la ley —como toda ley, pero en particular esta— para que realmente se cumpla y logre el objetivo de cambiar la conducta del incumplidor, requiere de un cambio cultural, de una formación, de una educación y, en definitiva, de que no solo el legislador cumpla con su parte, como ya lo hizo, sino también de que el Poder Ejecutivo cumpla con su parte enviando los proyectos y llevando adelante la iniciativa en esta tramitación; de que el Poder Judicial cumpla con su parte, considerando los gigantescos esfuerzos que ha hecho para poner en marcha la creación del Registro y todas las demás obligaciones que la ley le impone; y del esfuerzo que han hecho, por ejemplo, otros funcionarios como notarios y conservadores que hoy están dando perfecto cumplimiento a las cargas que la ley les impone. Sin embargo, se requiere, incluso, que los funcionarios públicos cumplan con su parte. Esta ley de ninguna manera va a producir sus efectos si todos los actores llamados a sentirse implicados por la ley en el cumplimiento de sus tareas no trabajan para lograr reducir ese escandaloso porcentaje de deudores de pensiones alimenticias hasta que este disminuya o, mejor aún, desaparezca", concluyó.

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