• #
  • #
  • #
  • #
  • #

cucf-facebook cucf-twitter

Destacados

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

“Construyendo Familia” en Radio María: Los niños aprenden imitando. La importancia de dar un buen ej

News image

En el último programa de “Construyendo Familia” de Radio María, nuestra Coordinadora Ejecutiva, Cecilia Corbalán, conversó con el psicólogo Benjamín S...

Leer más...

Con éxito se llevó a cabo la jornada inaugural de las Conferencias “La Familia: Ayer, hoy y siempre”

News image

Con gran convocatoria y Ad portas de la octava versión del Diplomado “Sagrada Familia”, el que está orientado a la preparación de agentes pastorales c...

Leer más...

Integrantes de Comité Ejecutivo exponen sobre el sentido cristiano en sus investigaciones

News image

La abogada Carolina Salinas y el filósofo José Tomás Avarado participaron de REC en la Academia, ciclo de charlas breves organizadas por Razón En Cris...

Leer más...

Agenda

Sin eventos

youtube

 

construyendo-familia

 

logo linkedin

 

 

Inicio Columnas de Opinión Columna Proyecto de aborto en tres causales: un retroceso en la tutela de la persona
Proyecto de aborto en tres causales: un retroceso en la tutela de la persona Imprimir E-mail

CarmenDominguezPor Carmen Domínguez
Directora del Centro UC de la Familia

 

El principio cardinal sobre el que se asienta todo nuestro ordenamiento jurídico es el reconocimiento del respeto absoluto a la dignidad intrínseca de la persona, de la cual emana un catálogo de derechos y garantías que persiguen, entre otros, velar  por la integridad de aquellos más débiles, de los que no pueden defenderse por sí mismos, incluyendo, en primer lugar al que “está por nacer” que es como el derecho chileno denomina a la criatura que está en gestación.

 

Hoy, este principio esencial se ve gravemente amenazado con la aprobación en el Senado, el pasado 25 de enero, de la idea de legislar sobre  el proyecto de interrupción del embarazo en tres causales y que permitiría la realización de abortos en caso de inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación.

 

Esta propuesta supone una involución de nuestro ordenamiento jurídico, puesto que se contradice radicalmente con los principios de cuidado y defensa de la persona, protección concedida desde la concepción como ya hemos señalado. Este principio de protección al que está por nacer forma parte de la tradición jurídica de nuestro país pues se inicia con el Código Civil de 1855 y se ha visto reforzada a través del tiempo en todos las materias donde su tutela se hace relevante (penal, laboral, etc.) y se verá elevada a rango constitucional en la Constitución vigente. Por lo mismo, introducir el aborto en Chile supone romper, de forma grave, esa tradición que nos ha caracterizado como país.

 

Además,  no sólo desampara a aquel que está por nacer, sino también a aquellas mujeres que se encuentran embarazadas a las que se refiere el proyecto de ley y que, obviamente, están sometidas a una situación límite en los tres casos contemplados por él. Ese es el  contexto que las empuja a enfrentarse a la alternativa de concretar un aborto.

 

Desde este punto de vista, el proyecto se desliga de darles debida protección y abandona a aquellas mujeres, endosándoles la carga de decidir si eliminar o no al hijo que han concebido. En vez de ofrecer acompañamiento y alternativas que no las pongan jamás en esa tesitura, el Estado opta por permitir que se encuentren en ella a sabiendas de que en nuestro país existen alternativas plenamente viables, que le permitirían evitar llegar al aborto en  cada una de las causales a la que refiere el proyecto.

 

Con respecto a la primera causal, la praxis médica chilena ha sido suficiente hasta hoy para resolver esta tensión, pues, frente al riesgo real y cierto de la muerte inminente, se permite realizar acciones cuyo objetivo sea evitar la muerte materna aunque ello pueda tener como efecto no querido la muerte de su hijo. Por tanto, si a consecuencia de ello se llegase a producir la inevitable pérdida del nasciturus es preciso comprender que tal conducta no es, bajo ningún concepto, una práctica abortiva y, por lo mismo, no se encuentra sancionada en nuestra legislación. De hecho, se realiza frecuentemente en Chile y sin que hasta ahora ningún médico haya sido sancionado por ello.

 

En relación a las otras dos causales que contempla el proyecto, podemos encontrar sistemas de acompañamiento médico vigentes y con resultados probados, que le permiten a la mujer llevar a término el embarazo con la menor afectación posible a su integridad física y síquica. De ahí que no sea posible asegurar que la única solución posible para estas situaciones ya mencionadas sea la de permitir dar muerte a su propio hijo.

 

Estamos entonces frente a actos evidentes de desprotección a la madre embarazada. Y, al desprotegerla, se infringe el principio de igualdad, porque se le asigna una carga notoriamente injusta, si se tiene presente desde que se reconoce que está en una situación límite o dramática, no puede hablarse de un auténtico marco de plena autonomía. O, al menos, debe concederse que existe una duda razonable de si ella se encuentra dentro de contexto posible para hablar de una plena autonomía. En efecto ¿puede afirmarse que la mujer cuya vida está en riesgo, que aquella a la que se le ha representado que su hijo tiene riesgo grave de morir o a una que ha sido violada tiene una real oportunidad de optar en estos casos libremente? Es indudable que no, por las propias premisas sobre las que el proyecto razona: son situaciones dramáticas. Si es así, endosarle la carga de decidir es agravar la situación en la que se encuentra.

 

Otro comentario que suscita este proyecto de ley, no menos importante, es que no se han planteado las formas concretas en que se dará aplicación a la práctica del aborto que se pretende autorizar. Hasta el momento, el proyecto guarda silencio sobre las técnicas por medio de las cuales se materializarían estos hechos, lo que resulta necesario de transparentar ante la gran cantidad de métodos diversos que existen y cuya  práctica agrava, en muchos casos,  el sufrimiento fetal.

 

A este respecto es importante recordar que el Artículo 19 número 1 de la Constitución establece que “se asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona” incluyendo que “la ley protege la vida del que está por nacer” y que en todos los casos “se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo”, y que a la vista del Código Penal se sanciona como tortura.

 

Ante esto, es un requisito vital que el legislador se haga cargo y se pronuncie sobre las técnicas que se utilizarían, ya que la crueldad de los distintos métodos es variable, muchas de ellas causantes de un gran sufrimiento para el no nacido.

 

Por todo lo anterior es que urge insistir en la necesidad de mantener el  compromiso de nuestro país con la  protección a la vida y abogar por que se siga honrando, desde el inicio de la persona en la concepción, durante su  pleno desarrollo y hasta su fin en la muerte natural. 

 

Centro UC de la familia - Avenida Libertador Bernardo O`Higgins 340, primer piso, oficina 15 - Teléfono: 56 (2) 2354 21 52 - Correo: centroucfamilia@uc.cl