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Inicio Columnas de Opinión Columna Las deudas del proyecto de garantías de Derechos de la niñez
Las deudas del proyecto de garantías de Derechos de la niñez Imprimir E-mail

niños - Archivo AgenciaUnoPor Carolina Salinas y Carmen Domínguez
Centro UC de la Familia

 

Una de las propuestas en que el gobierno ha basado su política en materia de Infancia es el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, que fue ingresado al Parlamento en septiembre del año 2015 y que actualmente se encuentra en avanzada discusión en nuestro Congreso Nacional.

 

El proyecto busca asegurar la protección integral y el ejercicio de los derechos de los niños en nuestro país, estableciendo la creación de un sistema de garantías integrado por políticas, normas e instituciones que estarán destinadas a velar por los menores. Aunque a primera vista es un buen acercamiento a la problemática de la infancia en Chile, resulta necesario expresar legítimas dudas  acerca de la necesidad del proyecto de ley, toda vez que al suscribir nuestro país la Convención de los Derechos del Niño se incorpora ésta al ordenamiento jurídico chileno y estimamos que la Convención debiera materializarse en leyes especiales sin necesidad de dictar leyes marco. 

 

Por otra parte, el proyecto mirado de forma general es tardío e insuficiente, atendida la urgencia con que hoy nos interpela la realidad de la niñez vulnerada. 

 

Es tardío, pues una primera constatación de la que hemos sido testigos quienes nos dedicamos al tema de la infancia, es que a más de 26 años de la ratificación de la Convención sobre Derechos de los Niños, han existido muchas iniciativas para efectuar reformas importantes; sin embargo, no han visto la luz: No se ha concretado una reforma integral, pero tampoco reformas menores que permitan subsanar problemáticas urgentes.

 

Es insuficiente, en primer lugar, por las urgencias del Servicio nacional de menores, derivadas de sus carencias presupuestarias y estructurales que deben ser atendidas con premura; en segundo lugar, atendido que no existe política real sin comprometer recursos, por lo que el proyecto será insuficiente mientras no se indiquen los gastos y recursos involucrados en la iniciativa.; y en tercer lugar, por la existencia de varios problemas que no son tocados por la ley, en especial, la garantía del debido proceso para los niños en materia de protección de derechos, mediante la creación de un Defensor de la Infancia que garantice la debida representación judicial de los niños ante Tribunales de familia y de competencia penal. En esta misma línea, el proyecto era una oportunidad para la definición del concepto de “grave vulneración de derechos” en el procedimiento proteccional de derechos, que, estando construido a nivel jurisdiccional, requiere de una mayor precisión legal.

 

A pesar que la tramitación del proyecto ya está muy avanzada y sólo resta el estudio de unas últimas indicaciones del Ejecutivo, ciertos tópicos en específico del proyecto merecen nuestros comentarios: 

 

1.Una primera afirmación de la propuesta asegura que se reconoce el rol prioritario de los padres y de la familia en el cuidado, orientación y protección de los niños. En este punto se debiese dejar clara su relación con el derecho de los padres a educar y criar a sus hijos, de manera que en el futuro no existan incompatibilidades o contradicciones entre ambos, es decir, que los niños invoquen su autonomía, por un lado, y ello no se oponga al derecho-deber de los padres de cuidado, crianza y educación. 

 

2.Adicionalmente, en el Proyecto se reconoce que los órganos de la Administración del Estado se encuentran obligados al respeto, promoción y protección de los derechos de los niños y se establece el concepto de niño, el ámbito de aplicación de la ley y reglas generales de interpretación. Finalmente se establece el principio de progresividad en el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley. Sin embargo, si se opta por enumerar derechos, se debe hacer un catálogo más completo de estos, con la precisión de cómo se harán efectivos en la práctica.  

 

3.Debe clarificarse como este proyecto de ley se integrará con otras normas vigentes e iniciativas legislativas en curso. Así, existen proyectos pendientes en esta materia, como el que crea la Subsecretaria de la niñez y el que crea el Defensor del niño ambos radicados en el Senado. Respecto de este último, la figura de Defensor que se crea es la de un mero ente observador sin tutela, muy distinto al modelo Noruego del cual emana. Cabría preguntarse por el monto de los recursos destinados a infancia vulnerable en los servicios especializados que se pretende crear (infractores de ley y de protección), como asimismo, cuántos recursos se destinarán para afrontar la modificación a la ley sobre tribunales de familia.

 

4.Si bien sabemos que el enfoque de esta iniciativa está dado hacia los niños como sujetos titulares de derechos, con autonomía progresiva para ejercerlos, no se puede desconocer la normativa civil en esta materia. Así, no se puede regular como si los niños y adolescentes tuvieran plena capacidad para dirigirse a sí mismos y tomar decisiones, más allá de la madurez que pueden tener. En este sentido, hace falta una mención expresa a los padres, tutores, curadores, representantes legales y personas que tengan a los niños a su cuidado, para que no se pierda armonía con la legislación civil; en particular, el artículo tercero y su coherencia con las reglas de capacidad establecidas en el Código Civil ¿alguna vez se ha cuestionado que los niños sean sujetos de derechos?

 

5.Cabe destacar que dentro de las indicaciones que presentó el Ejecutivo, en el Boletín del 7 de marzo, éstas no sólo no mejoran el proyecto, sino que intentan introducir otros tópicos, como restar la protección al niño en su vida intrauterina. En efecto, el artículo 8 del proyecto disponía: “Ningún niño podrá ser discriminado en forma arbitraria en razón de su (…)”, para a continuación enumerar aspectos como la raza, etnia, nacionalidad, entre otros, dentro de los cuales estaba “desarrollo intrauterino”. Esta última expresión fue suprimida por estas indicaciones. De la misma forma, el artículo 28 señalaba: “Toda forma de maltrato a un niño, incluido el maltrato prenatal, está prohibido y no puede justificarse por ninguna circunstancia”, siendo la expresión “maltrato prenatal” eliminada. Estas modificaciones no sorprenden, considerando la agenda política detrás de ellas, que involucra la aprobación del aborto en tres causales impulsado desde el Ejecutivo.

 

Más allá de las críticas u observaciones que se le pueda hacer al documento de propuesta, resulta positivo que el Estado de Chile se esté haciendo cargo de la realidad nacional en materia de desprotección infantil; no a través de esta ley en particular, sino entendida desde los esfuerzos que involucran la aprobación de un proyecto de este tipo. Pero, por sobre todo, se debe entender que esta no puede ser una política de gobierno, sino una normativa de Estado, en donde las nuevas leyes que sean impulsadas deban satisfacer lo suficiente como para lograr una aprobación transversal que el día de mañana no se desconozca. 

 

 Es deseable ver una salida real a las urgencias actuales que no sólo consista en la aprobación de proyectos de ley. Resulta indispensable que los organismos dedicados directa y completamente a la materia, socialicen y expliciten una hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo con los objetivos claros y todas las acciones (legales, administrativas, económicas) que se están emprendiendo. Que sepamos que este proyecto es sólo la primera etapa y que el resultado final no estará sujeto ni a disponibilidad presupuestaria, ni a un futuro gobierno que comparta la política actual, ni a que no tengamos otra catástrofe natural.

 

 

 

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