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Inicio Columnas de Opinión Columna Ley de Deberes y Derechos de los pacientes (Ley 20.584)
Ley de Deberes y Derechos de los pacientes (Ley 20.584) Imprimir E-mail

02Angelina Dois C.

Profesora Escuela de Enfermería UC

Miembro Comité Ejecutivo Centro UC de la Familia

 

El 1 de octubre de este año entrará en vigencia la nueva ley de Deberes y Derechos de los pacientes. Esta ley está inspirada en los principios de dignidad y autonomía de las personas y sus ejes centrales apuntan por un lado,  a reconocer el derecho que tienen todas las personas de tomar decisiones libres e informadas respecto de las acciones de salud de las cuales pueden ser objeto y por otro lado, a recibir atención de salud segura y de calidad.

Para tales fines reconoce una serie de deberes y derechos de las personas que pueden ser exigidos en cualquier acción relacionada con su salud, sea ésta ejecutada en el sistema público como en el privado.

Sin embargo, ante la proclamación de cualquier tipo de relación entre deberes y derechos, cabe la necesaria reflexión sobre lo que se está entendiendo por estas concepciones. La palabra “derecho” hace referencia a aquello que se ha reconocido o concedido a un sujeto en particular. El solo reconocimiento de la persona humana en cuanto tal y de la dignidad que de ella deriva le hacen acreedora de ciertos derechos y obviamente el ejercicio de los mismos, que en este caso, corresponden a la esfera pública. Ahora bien, cada persona tiene además una serie de deberes asociados a los derechos que pretende exigir.  Los deberes son tareas que cada individuo está comprometido a cumplir. Son obligaciones que se deben desarrollar no sólo por el bien individual sino que también por el bien común. Es decir, implica al sujeto de derecho en la responsabilidad que le cabe en  la construcción de un clima de armonía ciudadana.

La nueva ley de deberes y derechos de los pacientes reconoce por sobre toda consideración, el respeto de las personas y sus condiciones particulares de desarrollo, como también su capacidad para decir libremente sobre su propia salud y las acciones vinculadas a ella.

El modelo biomédico tradicional en el que la mayor parte de los profesionales de la salud han sido formados, establece estilos de relación profesional-usuario marcados por el  paternalismo, definiendo la relación siempre desde una desigualdad relativa de poder que confiere al profesional el derecho absoluto a decidir sobre la salud del usuario y las acciones a seguir respecto de ella. Son múltiples las investigaciones que dan cuenta de las desventajas de esta pauta relacional y que relevan el valor de la participación de las personas en los temas que les son importantes, como es el caso de las acciones asociadas a su salud, en un plano de mayor horizontalidad y cooperación con los profesionales y equipos tratantes.

La ley que entrará próximamente en vigencia,  perfecciona el resguardo de los derechos ya reconocidos a las personas e incorpora algunas modificaciones que les permiten acceder a mejores condiciones para el ejercicio de los mismos. A su vez, establece un marco de obligaciones que tienen los individuos al recibir servicios de salud, tanto en el sector público como privado.

Entre los derechos establecidos por  la ley, se precisa  claramente que toda persona tiene derecho, a que cualquier acción de promoción, protección y recuperación de su salud sea otorgada  de forma  oportuna  y sin ningún tipo de discriminaciones arbitrarias, cualquiera sea el prestador de salud. En  esa misma línea, los usuarios tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en consideración de la protección de su vida privada y su honra

Así mismo, tienen derecho a exigir que las instituciones  de salud cumplan con la normativa vigente en el país, cautelando la calidad y la seguridad de la atención.  Toda persona tiene también  derecho a ser informada, de manera  oportuna y comprensible acerca de su condición de salud, el posible diagnóstico de su enfermedad, las alternativas de tratamiento disponibles y los riesgos asociados a éstos, como también,  el pronóstico esperado. Por la misma razón, toda persona tiene derecho a conocer el nombre de los profesionales que lo atienden y la función que desempeñan y a recibir un informe del médico tratante, que contenga entre otros elementos, la identificación del profesional que actuó como tratante principal, el período de tratamiento, el diagnóstico de ingreso y de alta, los resultados más relevantes de exámenes y procedimientos efectuados y las  indicaciones terapéuticas incluyendo las relativas a uso y dosis de los medicamentos.  

Se reconoce que el tipo de información a la que se alude es de carácter confidencial y limita el acceso a ella solo al paciente, su representante legal, otra persona habilitada por el titular mediante poder notarial simple o a los tribunales de justicia siempre que la información se relacione con investigaciones judiciales. Además, el usuario tiene derecho a conocer los aranceles y procedimientos de cobro por las prestaciones recibidas y a que le extienda un certificado que acredite su estado de salud considerando la licencia médica si corresponde.

El marco legal vigente en el país cautela la protección a la vida en cualquier circunstancia. En ese sentido, la nueva ley de Deberes y Derechos de los pacientes reconoce que las personas tienen derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento para prolongar su vida artificialmente, siempre que esta decisión no implique la aceleración artificial de la muerte, la eutanasia o el auxilio al suicidio y reconoce también que cualquier persona en estado terminal tiene derecho a vivir con dignidad hasta el momento de su muerte, es decir, debe tener acceso a cuidados paliativos que les permitan hacer más soportables los efectos de la enfermedad.

Durante la atención de salud, las personas tienen derecho a acceder a conserjería y asistencia religiosa o espiritual, al igual que a ser  acompañados por familiares y amigos, de acuerdo con la reglamentación interna de cada establecimiento, pudiendo solo restringirse cuando sea clínicamente aconsejable.

Cuando una persona enferma surgen una serie de necesidades específicas que muchas veces se asocian a respuestas emocionales que se pueden expresar a través de la angustia, el temor y la rabia. La necesidad de seguridad, reconocimiento, compañía, pertenencia, claridad y control del futuro inmediato, así como sentirse valorado en su individualidad, queridos y aceptados incondicionalmente, son parte de las necesidades terapéuticas que se ignoran con frecuencia. Además, el marco de creencias religiosas y valores socioculturales del sujeto afectan a la construcción del significado que el enfermo otorga a la situación y a la expresión de los sentimientos ligados a ella.

La compañía de la familia se constituye en uno de los pilares terapéuticos que muchas veces permite  a las personas afrontar de mejor manera en proceso que viven, pero la familia también se verá expuesta a múltiples tensiones al enfrentar el proceso de enfermar de uno de sus integrantes.

Muchos autores concuerdan que las principales exigencias que enfrenta la familia se derivan del temor a la pérdida del ser querido, a las diversas alteraciones en la vida familiar, a los problemas económicos derivados de la atención profesional y del tratamiento requerido, así como del cambio eventual, de las fuentes de financiamiento familiar, entre otros. Como también factores ligados al sistema de salud, entre ellos la estructura del servicio de salud, el personal que allí se desempeña y el sistema previsional que posea la persona. Siguiendo a Rolland (2000), la percepción de estar al cuidado de un sistema contenedor, resolutivo y humano, muchas veces se transforma en un elemento más del proceso de recuperación y ocasionalmente puede asignársele más valor a estos elementos, que a un equipo de salud con elevado nivel de competencia técnica, pero con un trato deshumanizado.

Tal como se manifestó inicialmente,  esta nueva ley establece además una serie de deberes de los usuarios tendientes a garantizar el adecuado ejercicio de los derechos ya revisados. Entre ellos, se exige el respeto al reglamento interno del establecimiento, lo que se hace extensivo a sus representantes, familiares y visitas. Lo mismo ocurre en relación a la responsabilidad de  informarse acerca del funcionamiento del establecimiento y sobre los procedimientos de consulta y reclamo establecidos.

Los usuarios y los familiares deben responsabilizarse por el  cuidado de las instalaciones y equipamiento que las instituciones de salud mantienen a disposición de la población. Sin embargo, una responsabilidad ineludible se refiere a proveer de la información necesaria a los equipos de  salud para que puedan proveer de la mejor atención en salud disponible y asegurarse de tratar respetuosamente a los integrantes del equipo de salud.

En síntesis, la nueva ley regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud en el ámbito público y privado, fortaleciendo reglamentos y normativas ya existentes, y unificando criterios en casos de enfermedades terminales. Reconoce el derecho a la atención oportuna  ajena a cualquier forma de discriminación Además, resguarda la autonomía de las personas y su derecho de decidir informadamente,  protege la confidencialidad de la información de salud, reconoce los derechos culturales y el de participación ciudadana en la definición de políticas de salud y establece un marco legal para la tutela ética en los servicios asistenciales.

 

DERECHOS

DEBERES

Recibir un trato digno

Entregar información veraz acerca de su identidad, lugar de residencia como también toda la información que posean acerca de su enfermedad

Resguardo de la confidencialidad de la información clínica de cada usuario

Cuidar las instalaciones y equipamiento de los recintos de salud donde recibe atención

Recibir información clara y oportuna

Proveer de un trato respetuoso al personal que trabaja en las instituciones de salud

Ser atendido de manera  oportuna, es decir en los tiempos que fue programada

Respetar el reglamento interno de cada establecimiento de salud

Aceptar o rechazar un tratamiento

Informarse acerca de los horarios de funcionamiento, de las modalidades de atención y formas de pago

Acceder a seguridad y protección en la atención

Informarse acerca de los procedimientos de reclamos y consultas establecidas

Acceder a un completo informe de su condición de salud: diagnóstico, tratamientos recibidos, exámenes realizados, tiempos de hospitalización, nombre de los profesionales que le atendieron

Ser informado de los costos de las prestaciones recibidas, incluidos los tratamientos e insumos utilizados durante la atención de salud

Recibir un trato que respete la interculturalidad

Inscribir el nacimiento del hijo en el lugar de residencia de la madre o el padre y no del hospital donde ocurrió el parto.

 

Centro UC de la familia - Avenida Libertador Bernardo O`Higgins 340, primer piso, oficina 15 - Teléfono: 56 (2) 2354 21 52 - Correo: centroucfamilia@uc.cl